Resumen: El JS desestima la pretensión del trabajador sobre un despido disciplinario que pide improcedente. Rechaza cambio de categoría pero acepta diferencias que no lleva al fallo. El TSJ va a estimar parcialmente el recurso de suplicación del trabajador aceptando parte de esas cantidades que por omisión no recogió la instancia (debió hacer aclaración o complemento), pero tras rechazar la revisión de hechos, deniega cualquier otra categoría profesional y confirma la conducta de incumplimiento que produce la transgresión de la buena fe contractual pues se ha probado una actitud premeditada y voluntaria de no atender las instrucciones y ordenes de la empresa, y querer dirigir el mismo su trabajo, como despido procedente.
Resumen: Determinar si debe computarse como cotizado el periodo de percepción de prestaciones de desempleo como consecuencia de la suspensión del contrato de trabajo en ERTE covid por fuerza mayor, a efectos de percibir una nueva prestación de desempleo. La trabajadora fue incluida en un ERTE por fuerza mayor, permaneciendo en esa situación hasta el 6/10/2021, que se extinguió la relación laboral. La Sala IV reitera doctrina que señala no hay derecho a generar prestación durante el tiempo que estuvo en situación de fuerza mayor COVID, por lo que no computa como cotizado para nueva prestación el periodo que se perciben prestaciones por suspensión, en aplicación del art 269.2 LGSS. La normativa especial COVID-19 no introduce una nueva regla de la que pudiere derivarse que esa clase desempleo genere más beneficios que los previstos con carácter general, ni pretende generar un derecho distinto y más extenso que el contemplado en la LGSS, sino mantener para el trabajador el mismo estatuto jurídico reconocido en la normativa ordinaria, pese a la inexistencia de cotizaciones empresariales en el periodo de prestación de desempleo covid. Además, los principios en los que se sustenta la prestación de desempleo, establecen que tan solo el efectivo desempeño de servicios laborales durante un determinado periodo temporal puede generar el correlativo derecho a la prestación. Aplica STS de pleno 980/2023, de 16 de noviembre (rcud 5326/2022) y rcud. 606/23, 5659/22, 4839/22, 695/23, 3419/23, 5553/23.
Resumen: Desempleo (ERTE): la controversia consiste en determinar si el tiempo de suspensión contractual por causa de fuerza mayor asociada a los efectos de la pandemia (ERTE) computa como cotizado a efectos de percibir una nueva prestación de desempleo. En ausencia de previsión específica por parte de la legislación especialmente destinada a disciplinar ese supuesto, hay que estar a las reglas comunes contenidas en la LGSS y, por tanto, no computa.
Resumen: Consolida jurisprudencia STS Pleno 980/2023, de 16 noviembre (rcud 5326/2022 entre otras).La resolución de esa cuestión exige partir de la regla general en esta materia que desgrana el art. 269 LGSS, de donde resulta que, para una determinada prestación de desempleo, no pueden tenerse en cuenta las cotizaciones que ya hubieren sido computadas para el reconocimiento de un derecho anterior, sin que puedan tampoco computarse las que efectúe la entidad gestora o, en su caso, la empresa, durante el tiempo correspondiente al abono de la prestación. El único supuesto expresamente exceptuado de esa regla general es el de las prestaciones reconocidas en virtud de la suspensión de la relación laboral por causa de violencia de género. Se trata por lo tanto de discernir si las reglas especiales dictadas para regular la prestación de desempleo derivada del Covid han introducido alguna clase de excepción a esa norma general. La Sala IV concluye queesa ley especial no pretende generar un derecho distinto y más extenso que el contemplado en la LGSS, sino mantener para el trabajador el mismo estatuto jurídico reconocido en la normativa ordinaria, pese a la inexistencia de cotizaciones empresariales en el periodo de prestación de desempleo covid. Se estima el recurso del SEPE frente a la sentencia dictada en suplicación, que computaba como cotizado el mencionado periodo.
Resumen: Declarada en la instancia la procedencia del despido disciplinario del actor, recurre éste en suplicación. La Sala de lo Social rechaza, en primer lugar, la revisión fáctica interesada por no reunir los requisitos jurisprudenciales para ello, al venir amparada en prueba testifical. Y, en segundo lugar, desestima el recurso por una cuestión formal dado que pretende la declaración de nulidad o, en su caso, de improcedencia del cese, sin fundamentar la misma en precepto alguno. Consta probado que pese a la existencia de indicios de vulneración de derechos fundamentales, la empresa ha acreditado la apropiación de material de la empresa, conducta grave, que no se combate en el recurso adecuadamente, y que justifica la sanción impuesta.
Resumen: La actora recurre en suplicación la sentencia del Juzgado de lo Social, que declara procedente su despido disciplinario. La Sala de lo Social rechaza, por ser una cuestión nueva, la alegación de prescripción de las conductas sancionadas, la cual, pues no fue esgrimida en demanda ni discutida en el plenario; y, finalmente, desestima el recurso ya que, acreditada una actitud intimidante y amenazante con sus compañeros de trabajo, prevaliéndose de su condición de esposa del gerente del centro de trabajo, concurren malos tratos graves justificativos del cese. La procedencia del despido implica rechazar su nulidad y consiguiente indemnización de daños y perjuicios, no habiéndose alegado vulneración de derechos fundamentales.
Resumen: Declarada en la instancia la improcedencia del despido disciplinario de la actora con derecho a parte de las cantidades reclamadas, recurre la empresa en suplicación. La Sala de lo Social desestima el recurso, pues si bien entiende que no se debió considerar la ausencia de comunicación del cese a los RLT por haberse omitido dicho dato en la demanda, concurre otro defecto procedimental en la tramitación del despido, pues si se opta por la notificación por medio de burofax, se aplica la normativa del RD 1829/99, cuyo art. 42 requiere que se hagan dos intentos de entrega de burofax, si el primero resulta fallido, para entenderlo rehusado, y en el caso la empresa sólo remitió un único burofax al trabajador a fin de cumplir el trámite establecido en el art. 30 del convenio aplicable, con lo que no se cumplió con los requisitos formales exigidos y es improcedente.
Resumen: La sentenciad de instancia desestima la demanda por despido objetivo, causa organizativas y productivas, planteada por la trabajadora y declara el despido procedente. Frente a la misma se interpone recurso de suplicación por al trabajadora que se estima en parte. En primer lugar la sala desestima los motivos sobre revisión de hechos probados, en cuanto a los motivos de denuncia jurídica en primer lugar desestima, por ser una cuestión nueva no planteada en la instancia , la falta de requisitos formales de la carta de despido por no contener hechos suficiente. Se analiza en primer lugar si concurre la causa alegada, entiende la sala que la misma no ha sido probada puesto el hecho que existe una disminución de actividad en un mes no justifica aquellas. En cuando a la petición de nulidad por discriminación por razón de enfermedad, al trabajadora estaba en situación de incapacidad temporal, se desestima pues no es equiparable enfermedad a discapacidad. Considera también la sala que el hecho de estar en situación de incapacidad puede es un indicio de vulneración del derecho a no sufrir discriminación por razón de enfermedad pero la empresa habría probado que el despido de la actora es ajeno a su situación de enfermedad. Por lo que la sala estima en parte el recurso y declara el despido improcedente.
Resumen: Recurre la empresa su condena por despido improcedente denunciando la incongruencia extrapetita de un pronunciamiento judicial respecto a la calificación de indefinida que se asigna a la relación litigiosa. Cuestión que la Sala analiza en función de la doctrina jurisprudencial que expresa y que contradice lo resuelto en la instancia en respuesta a la alegación de una sucesión de contratos temporales que per se no cualifica la relación subyacente. Partiendo de que no se acredita el concurso de fraude en la contratación suscrita examina la Sala la incidencia de la cuestión referida a la acumulación de contratos temporales, a la vista de los tiempos y límites referidos por el legislador. Cuestión que aun no introducida en el debate suscitado en la instancia se analiza por el Tribunal desde la perspectiva de la doctrina de Unidad esencial del Vinculo y en aplicación al caso de una norma de convenio que expresamente, y a efectos de cómputo del devengo de antigüedad y tiempo de permanencia en el nivel de entrada toma en consideración los periodos previos de contratación temporal. Antigüedad que, en cualquier caso, no proyecta sus efectos económico-laborales en relación a un despido que no se considera producido a traves de una normal extinción de la relación laboral de interinidad.
Resumen: Los mensajes o "pantallazos" de la aplicación de mensajería instantánea Whatsapp, deben calificarse como medios "de reproducción de la palabra, el sonido y la imagen, así como los instrumentos que permiten archivar y conocer o reproducir palabras, datos, cifras y operaciones matemáticas llevadas a cabo con fines contables o de otra clase, relevantes para el proceso"que, de acuerdo con el art. 299.2 de la LECv. tiene una naturaleza propia y distinta a la documental. Ello tiene como consecuencia que, al margen de que pueda utilizarse como un medio de prueba en el acto del juicio, sobre lo cual no existe duda alguna, no pueda servir por el contrario a efectos de revisión fáctica.
